Siguen las derivaciones del accidente antártico de base O´Higgings

Publicado en La Prensa Austral
Punta Arenas, Chile
8 feb 06
Abogado del caso Antártida pidió procesar a tercer oficial
- Profesional solicitó al fiscal militar que someta a proceso al coronel Miguel Santibáñez Franulic, jefe del Departamento Antártico. - Entre otras diligencias, pidió se cite a declarar a otros cuatro altos jefes del Ejército, entre ellos al propio general Cheyre.
El abogado penalista Alfredo Morgado, representante de la familia del suboficial Jorge Basualto, muerto en la Antártida en septiembre pasado, presentó un escrito pasado el mediodía de ayer ante la Fiscalía Militar de Punta Arenas, pidiendo el procesamiento de un tercer oficial en la causa. Se trata del coronel Miguel Santibáñez Franulic, quien a la época de ocurrido los hechos ocupaba el cargo de jefe del Departamento Antártico del Ejército.
El requerimiento se funda en mérito de las propias declaraciones vertidas por Santibáñez en el sumario judicial, donde afirmó que existía un criterio de “encapsular” la información.
Consta en el expediente que el jefe del Departamento Antártico del Ejército señaló ante el fiscal que fue instruido por altos oficiales para ocultar las verdaderas circunstancias del trágico accidente que acabó con la vida de tres uniformados en una grieta en la Antártida, para evitar, desde el punto de vista mediático, una repercusión como la que generó el caso Antuco.
En su declaración el oficial reveló que el general Guillermo San Martín del Comando de Apoyo Logístico del Ejército (Cale), a cargo de instruir el sumario en la institución, organizó un comité de crisis que analizó las repercusiones que tendría para el Ejército si se revelaba que lo sucedido el 28 de septiembre no ocurrió en el marco de una operación oficial, sino que clandestina.
“(San Martín) me consultó la idea de indicar que se accidentaron mientras se encontraban alistándose para participar en el ejercicio ‘Paracach’, producto de las actividades conjuntas con los argentinos y le respondí que en puridad no existía ningún documento oficial que dispusiera efectuar dicho ejercicio, pero que era una solución buena y oportuna para enfrentar a la prensa”.
Santibáñez, relató al fiscal que recibió incesantes llamadas desde el Cale, en una de ellas “se me orientó respecto al encapsulamiento” y que el informe que debía hacer sobre la tragedia “debía ser escueto y sólo referirse al hecho puntual que ocurrió el 28 de septiembre y no lo preexistente”.
Asimismo, el uniformado señaló al fiscal que el general José Miguel Piuzzi, en ese tiempo comandante en jefe del Cale -y una de las cartas que sonaba para suceder a Cheyre- le ordenó relacionarse con el Departamento de Comunicaciones de la institución para coordinar la información del caso, “teniendo presente la necesidad de salvaguardar y proteger del perjuicio al Ejército”.

COMPARECENCIA DE CHEYRE
En ese sentido, el abogado Alfredo Morgado informó que entre otras diligencias solicitó se cite a declarar a los oficiales a quienes Santibáñez menciona en sus dichos, que son el coronel Guillermo San Martín, el general José Miguel Piuzzi; al entonces comandante en jefe de la Quinta División, general Luis Clavel (hoy en retiro); y al propio comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre.
Los informes internos firmados por el coronel Santibáñez, de fecha 30 de septiembre y 5 de octubre de 2005, sólo hablan de un accidente fortuito y no se menciona la prohibición de hacer la exploración en el vehículo que había en la Base O’Higgins, debido a la falta de combustible, hecho que recién fue reconocido en un documento del 16 de octubre.
En mérito a la serie de antecedentes que se agregan posteriormente a la investigación, es que el abogado estima que a dicho oficial le asiste responsabilidad en los hechos y que existen presunciones fundadas de su participación en los delitos referidos a rendir informes falsos y de faltar a la verdad en la narración de hechos sustanciales.
Tales ilícitos se encuentran contemplados en el Código de Justicia Militar y además en el Código Penal. En dichos antecedentes se funda la solicitud de procesamiento en contra de dicho oficial.
Las figuras legales por las que se intenta encausar al jefe del Departamento Antártico (trasladado a Santiago), dice relación con lo dispuesto en el artículo 370 del Código de Justicia Militar, relativo a rendir informes falsos, y en subsidio que sea procesado como autor de lo establecido en el artículo 367 de mismo Código, referido a la falsedad por falta a la verdad en la narración de hechos sustanciales.
El fiscal militar Marcos Ibacache debería resolver entre hoy y mañana si acoge o rechaza la petición formulada por el representante de la familia Basualto.

HECHOS MUY GRAVES
Alfredo Morgado tras constituirse en la mañana de ayer en la Fiscalía Militar de Punta Arenas, en calle Bories, se hizo parte en el proceso y acto seguido tuvo acceso al sumario, lo que fue autorizado por el fiscal Marcos Ibacache.
El letrado, que también defiende a familiares de las víctimas de Antuco, señaló a la salida de la Fiscalía que pudo revisar en forma acuciosa las piezas del expediente, de lo cual se desprende que “aquí hay hechos extremadamente graves que deben ser investigados, en forma específica en torno a lo que se ha denominado ‘encapsulamiento de información’, que se refiere a un ocultamiento de la misma”.
Frente al giro que ha adquirido la investigación, el profesional resaltó el papel que ha jugado la Fiscalía Militar de Punta Arenas, la cual, enfatizó, “ha actuado en forma muy transparente y clara”. En esa perspectiva, añadió, “creemos que se hará justicia”, sobre todo si acá ha existido una obstrucción a la justicia o una maniobra de ocultamiento de información.
Para la familia del suboficial Jorge Basualto, conocer las circunstancias en que se desató el fatal accidente ha constituido un doble duelo, ello después de imponerse de la segunda versión del accidente, sostuvo Morgado.
El 28 de septiembre del año pasado se informó que los decesos -del capitán Enrique Encina y los suboficiales Jorge Basualto y Fernando Burboa- se produjeron en el marco de una operación de reconocimiento oficial, sin embargo, la investigación demostró que los tres miembros del Ejército participaban de una operación clandestina para rescatar un trineo con víveres y equipos, que días atrás había caído a una grieta.
Por este hecho se encuentran procesados y detenidos los dos comandantes de la Base O’Higgins, Armando Ibáñez y Mauricio Toro, ambos por cuasidelito de homicidio, incumplimiento de deberes militares y falsificación de documentos.

General Juan Emilio Cheyre negó orden para ocultar información

El comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, desmintió la declaración del coronel Miguel Santibáñez en el sentido de que altos oficiales -entre ellos él- le habían pedido “encapsular” el tema sobre el accidente en la Antártida.
Pese a la insistencia de la prensa por conocer sus impresiones respecto a la declaración del coronel Santibáñez, ante la Fiscalía Militar de Punta Arenas, el comandante en jefe del Ejército afirmó que no conoce “ninguna declaración del juicio”, porque eso no corresponde a su mando.
Afirmó que “en lo judicial sólo voy a hablar a través del Ministerio Público Militar. Si tengo algo que decir lo haré, como cualquier militar o civil, ante el fiscal correspondiente. En lo administrativo, voy a hablar a través de mi resolución”, la que entregará una vez que finalice el proceso.
Juan Emilio Cheyre agregó que desde el punto de vista personal seguirá apoyando a las familias de las víctimas de la tragedia.
“No he hablado jamás con un juez militar. Ellos tienen absoluta independencia”, aseguró.
El comandante en jefe castrense ha reiterado que sólo se enteró de las verdaderas circunstancias de la tragedia cuando los dos oficiales fueron procesados -el 12 de enero-, pero que al poco tiempo de ocurrido el hecho sospechó que algo andaba mal.
Frente a la situación del coronel Santibáñez, Cheyre manifestó no tener antecedentes que lo lleven a tomar una decisión de remover del mando a dicho oficial, no obstante dejó abierta la posibilidad de que si en la investigación se asume que tiene responsabilidades, será removido de su cargo.